En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un llamado urgente a los Estados de la región para fortalecer la protección del patrimonio de las personas mayores. La advertencia, emitida desde Washington este 15 de junio de 2026, pone el reflector sobre una crisis que en México ha alcanzado dimensiones alarmantes: la violencia económica y patrimonial contra los adultos mayores.

VIOLENCIA ECONÓMICA: UNA AMENAZA CADA VEZ MÁS SOFISTICADA

La violencia económica no es nueva, pero su sofisticación ha evolucionado al ritmo de la tecnología. La CIDH señala que el derecho a la propiedad y la seguridad económica de las personas mayores están bajo asedio constante. No se trata solo de robos aislados, sino de esquemas organizados que despojan a los adultos mayores de sus ahorros de toda una vida o de su única vivienda.En México, el problema se agrava por la combinación de una brecha digital profunda y la debilidad institucional en varias regiones. Esto facilita tanto el fraude cibernético como el despojo patrimonial mediante maniobras legales simuladas.

LOS FRAUDES DIGITALES, EL ARMA PREFERIDA DE LA DELINCUENCIA

Las estafas telefónicas, el robo de credenciales bancarias y las falsas inversiones son las denuncias más frecuentes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Los delincuentes explotan la falta de familiaridad de muchas personas mayores con el mundo digital, presionándolas bajo supuestas emergencias familiares o prometiendo ganancias rápidas.Estos esquemas no solo generan pérdidas económicas, sino que atentan directamente contra la dignidad y la subsistencia de quienes ya no cuentan con ingresos laborales para recuperarse.

EL DESPOJO INMOBILIARIO Y LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Uno de los flagelos más graves es el despojo inmobiliario. Redes de corrupción utilizan documentos falsos para transferir propiedades sin el conocimiento de sus legítimos dueños. En muchos casos, existe colusión con funcionarios de notarías y juzgados que validan procesos irregulares, dejando a los adultos mayores sin su hogar de forma irreversible.

EL ABUSO INTRAFAMILIAR: EL DOLOR MÁS PROFUNDO

La CIDH destaca con especial preocupación el abuso cometido por familiares cercanos. Manipulación emocional, coacción y engaños son utilizados para que los adultos mayores cedan el control de sus cuentas o firmen documentos que los despojan de sus bienes. Lo que debería ser un espacio de protección se convierte en el principal escenario de violencia.

LO BUENO

• El pronunciamiento de la CIDH coloca el tema en la agenda nacional y obliga a las instituciones mexicanas a revisar sus protocolos.
• Varios estados han tipificado el abuso patrimonial contra personas mayores como delito agravado, otorgando herramientas más fuertes a los jueces.
• Organizaciones de la sociedad civil impulsan programas de alfabetización digital y educación financiera que están empoderando a los adultos mayores.

LO MALO

• Las bandas criminales utilizan inteligencia artificial para clonar voces de familiares y generar documentos falsos cada vez más sofisticados.
• Existe una grave carencia de estadísticas oficiales confiables. Muchas víctimas no denuncian por vergüenza o miedo.
• La ausencia de una política nacional integral de educación digital inclusiva deja a millones de personas mayores expuestas.

LO FEO

• La impunidad sistemática y la lentitud de la justicia. Personas de 80 y 90 años son desalojadas de sus hogares tras juicios fraudulentos que duraron años sin su conocimiento.
• La normalización social del abuso intrafamiliar: “es cosa de familia” se escucha con frecuencia, invisibilizando un delito grave.
• El impacto psicológico y físico devastador: depresión, aislamiento y deterioro acelerado de la salud que muchas veces conduce a la muerte prematura.

LLAMADO URGENTE DE LA CIDH / La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (de la cual México es parte) obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia patrimonial.

La Comisión insta a:

• Fortalecer programas de alfabetización digital con enfoque en adultos mayores.
• Crear unidades especializadas en fiscalías para delitos contra personas mayores.
• Implementar medidas de protección inmediata (alertas bancarias, bloqueos preventivos y reversión expedita de transferencias fraudulentas).
• Exigir a los bancos protocolos de seguridad reforzados para clientes vulnerables.

CONCLUSIÓN / Proteger el patrimonio de las personas mayores no es un acto de caridad, es una obligación de derechos humanos y una cuestión de dignidad nacional. México no puede seguir permitiendo que quienes construyeron el país terminen despojados en su vejez por estafadores, familiares inescrupulosos o funcionarios corruptos.La seguridad económica es base de la autonomía en la tercera edad. Sin ella, desaparece la libertad. Es momento de pasar de los pronunciamientos a acciones concretas, firmes y urgentes. La vejez digna no puede seguir siendo un lujo en México.