El derecho a saber quién nos juzga o sanciona es un pilar fundamental de la seguridad jurídica. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una frontera clara entre la labor de un juez y la de un funcionario encargado de detectar el lavado de dinero. En sus jurisprudencias publicadas el diez de julio de dos mil veintiséis, el máximo tribunal del país determinó que la reserva de identidad de los servidores públicos en materia de operaciones ilícitas no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La controversia se centró en el artículo 41, último párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida comúnmente como Ley Antilavado. Una empresa sancionada alegó que ocultar el nombre de los funcionarios que intervienen en la aplicación de esta ley generaba un estado de indefensión. El argumento parecía sólido desde la lógica del debido proceso: ¿cómo saber si quien me sanciona tiene un conflicto de interés o si debo recusarlo si no sé quién es?

No obstante, en la tesis P./J. 168/2026, la Corte realizó una distinción técnica de gran calado. Los magistrados señalaron que la doctrina de los jueces sin rostro, desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nació de contextos penales de excepción donde se violaban sistemáticamente las garantías mínimas. En aquellos casos, el anonimato del juez impedía una defensa adecuada en un proceso criminal que podía privar de la libertad a las personas de forma arbitraria.

Para el Pleno, la aplicación de la Ley Antilavado pertenece estrictamente a la esfera administrativa y no a la penal de excepción. Los actos realizados por estas autoridades son procedimientos para prevenir y detectar operaciones financieras sospechosas a través de una coordinación interinstitucional. Por lo tanto, las reglas de oro que aplican a un proceso penal donde se juzga la libertad no pueden trasladarse de manera automática a un proceso administrativo donde el impacto es patrimonial a través de multas.

La justificación de la Corte reside en que el ciudadano cuenta con las garantías institucionales en una etapa posterior. Si una persona moral no está de acuerdo con una multa, tiene expedito su derecho para acudir a un juicio contencioso administrativo o a un juicio de amparo. Es en esa sede jurisdiccional donde el ciudadano conocerá la identidad del juez o magistrado que resolverá su caso y allí podrá ejercer su derecho de recusación si considera que existen motivos para dudar de su imparcialidad.

El Tribunal destacó que las causas de recusación están ligadas a aspectos personales del juzgador, pero estos no son requisitos de validez de los actos administrativos según la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En el mundo de la burocracia mexicana, la validez del acto se centra en la competencia de la institución y en que el documento esté debidamente fundado y motivado, más que en la identidad física o el nombre del servidor público que emite la boleta inicial.

Simultáneamente, en la tesis P./J. 167/2026, se analizó si era aplicable un criterio previo de 2015 que exigía que los nombres y cargos de los funcionarios aparecieran en todas las resoluciones. La Corte concluyó que aquel requisito es exclusivo para autoridades jurisdiccionales. La diferencia es vital para el sistema jurídico: las autoridades administrativas emiten actos que luego son controlados por un juez, mientras que las resoluciones de un juez son la culminación de un litigio que debe ser público y transparente.

El derecho a combatir el acto administrativo se materializa precisamente cuando el expediente llega a manos de un juez identificado. Allí es donde la firma, rúbrica y nombre completo del juzgador son obligatorios para dotar de validez al fallo judicial. Exigir este mismo nivel de identificación en la fase de investigación de actividades vulnerables podría poner en riesgo la integridad física de los servidores públicos que enfrentan estructuras criminales financieras altamente complejas en territorio nacional.

Es relevante subrayar que la Ley Antilavado maneja información sensible sobre flujos de capital que a menudo están vinculados a la delincuencia organizada. La reserva de identidad busca proteger a los analistas y auditores de posibles represalias, amenazas o coacciones, permitiendo que la vigilancia financiera del Estado sea operativa y segura para quienes la ejecutan. La seguridad jurídica del ciudadano no se anula, solo se traslada a la fase de revisión ante un juez con rostro.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

LO BUENO: Es la protección efectiva de la integridad de los analistas y auditores que operan la Ley Antilavado. En un entorno de seguridad complejo como el de México, salvaguardar los datos personales de quienes rastrean el dinero ilícito es una medida de sentido común que permite que la justicia financiera siga funcionando sin que los servidores públicos sean blanco de amenazas directas, manteniendo el equilibrio mediante el control judicial posterior.

LO MALO: Es la pérdida de transparencia inmediata en la interacción entre el ciudadano y la autoridad. Al eliminar el nombre y apellido del funcionario del acto administrativo inicial, se crea una barrera que puede dificultar la identificación de actos de corrupción o nepotismo en tiempo real. Aunque existe el juicio posterior para corregir abusos, la fase inicial del procedimiento se vuelve más opaca para el sujeto que está siendo investigado.

LO FEO: Es que la realidad de la violencia en el país obligue a las instituciones a recurrir al anonimato para poder aplicar la ley. El hecho de que la SCJN tenga que validar la reserva de identidad de funcionarios administrativos para proteger sus vidas es un síntoma doloroso de la fragilidad del estado de derecho, donde el miedo a las represalias del crimen organizado termina dictando la forma en que se estructuran los requisitos de validez de nuestros actos legales.